La Ley 20.911, promulgada en 2016, estableció la obligatoriedad de contar con Planes de Formación Ciudadana (PFC) en todos los establecimientos reconocidos por el Estado. A casi una década de su implementación, y en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19 y el Plan de Reactivación Educativa, resulta fundamental evaluar sus resultados. Este estudio analizó la implementación de la ley en cuatro Servicios Locales de Educación Pública de las regiones Metropolitana y de Los Ríos, mediante una metodología mixta exploratoria que incluyó análisis documental de políticas públicas nacionales, encuestas a 1.012 educadores de cuatro SLEP del país (Gabriela Mistral, Santa Corina, Los Libertadores y Valdivia), así como estudios de caso en ocho establecimientos de estos mismos. Los resultados muestran una serie de tensiones conceptuales no resueltas a nivel ministerial, que han significado una baja apropiación comunitaria de los PFC, una desconexión entre las orientaciones y el acompañamiento de parte de los sostenedores y una debilidad consistente en la evaluación de estos planes. Aún así, se identificaron establecimientos con planes exitosos, en los cuales existe una participación significativa de la comunidad en su diseño e implementación, y una integración articulada del PFC con el PEI, el PME u otros instrumentos de gestión.
La Ley 20.911 en la escuela chilena post-pandémica:
Evaluación de las condiciones de base para el desarrollo de aprendizajes ciudadanos
Proyecto FONIDE N° 2400097
Fundación Momento Ciudadano y
Universidad Austral de Chile
Contexto y justificación
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